SALUD-COOP

03.09.2011 17:21

 

Como si se tratara de unas palabras premonitorias, el senador Jorge Enrique Robledo había dicho hace unas semanas que si alguien le ponía un dedo a la salud, le iba a salir pus. Y eso fue lo que ocurrió esta semana, cuando el presidente Juan Manuel Santos, junto con las cabezas de los organismos de control y de la Policía, denunció un cartel que habría defraudado a ese sector por 30.000 millones de pesos, lo que sería apenas 10 por ciento del total.

Los colombianos, que por años se han quejado por la atención de las EPS, se indignaron al saber que unos funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Protección y de algunas EPS habían montado ese cartel. La indignación fue interpretada por el juez 48 penales de Bogotá, Javier García, quien al enviar a prisión a cinco vinculados dijo: "Este es el último eslabón de la cadena. La Fiscalía tiene que investigar, y que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente".

Por la defraudación encontrada en el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), a través de recobros ilegales o falsos de medicamentos, servicios o intervenciones, miles de millones de pesos del erario no pagaban la atención a los pacientes, e iban a los bolsillos de unos pocos. 

Con base en fallos se sentó una jurisprudencia de recobros de las EPS, hospitales y clínicas. Pero debido a la falta de controles y a prácticas de algunos laboratorios y EPS, los recobros pasaron de 295.000 millones de pesos en 2005 a 2,4 billones en 2010.

Fue allí, en el recobro del Fosyga, donde se encontró ese cartel que conmocionó al país esta semana. Como muchos de los procedimientos de las EPS son rechazados por el Fosyga, han aparecido muchas empresas intermediarias, algunas de ellas creadas por las propias EPS, para tramitar esos recobros. La diferencia es que, según la Fiscalía, las firmas QAV, las de Héctor Mauricio Durán y la de Édgar Isaías Medina, quien fue durante más de quince años vicepresidente financiero de Sanitas, tramitaban recobros rechazados o ilegales, a cambio de una comisión de entre 4 y 6 por ciento.

En el Ministerio de Protección Social, la persona encargada de tramitarlos era Claudia Patricia Rojas, quien se encargaba de levantar las glosas y aprobar los recobros. Las EPS involucradas -como Salud Colpatria, Ecoopsos, Solsalud y otras aún por determinar- recibían el dinero y les pagaban la comisión a las empresas intermediarias a través de contratos. A su vez, estas les pagaban las mordidas a Rojas y a otros intermediarios. 

Unos “desfalcos monumentales” en el sector de la salud fueron denunciados este lunes por el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que los $30 mil millones refundidos hasta el momento son sólo la punta del iceberg, de una “defraudación, no de miles de millones de pesos, sino de billones de pesos”.

Santos explicó que una modalidad consiste en “autorizarles los pagos a las EPS” que habían sido retenidos. 

El escenario de corrupción revelado por el Jefe de Estado se dio luego de que en trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, encontraron un ‘carrusel’ de reclamaciones de empresas fachadas que fueron creadas por funcionarios del Ministerio de Protección Social y del Fosyga para hacer cobros ilegales al sistema.

 

Es así que el primer Mandatario denunció que “hay muchas modalidades de recobros, cerca de diez. En una sola de ellas, en una sola, y con una muestra solamente del 10%, se han descubierto desfalcos por cerca de $30 mil millones”.

 

Dentro de la revelación de los descubrimientos, el Presidente aseguró que hubo personas fallecidas que “recibían los beneficios; sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran, ganaban la tutela, les pagaban, y resulta que esas personas nunca recibieron la plata, eran personas que estas mafias ponían sin que las beneficiarias se enteraran”.

 

Los nombres del primer grupo de capturados corresponden a: Juan Carlos Lamus Rodríguez, Héctor Mauricio Poveda y Edgar Isaías, quienes al parecer eran particulares. A estos se suman los de Claudia Patricia Rojas Puerta, funcionaria del Ministerio de la Protección Social y Luis Martínez quien laboraba una EPS.

En el segundo bloque de detenciones están Carlos Jorge Rodríguez, ex viceministro técnico del Ministerio de la Protección Social y Luisa Fernanda Bellini, ex directora de financiamiento de esa cartera. La octava detención, al cierre de esta edición, no había sido dada a conocer.

La aprobación del estatuto anticorrupción en el Congreso dio pie para que el auditor, Iván Darío Gómez, indicara que éste “adopta medidas represivas, pero nada sacamos en tener las leyes si no tenemos voluntad para aplicarlas”.

Seis detenidos, 25 investigados, 34 gerentes de hospitales en la mira, 15 EPS en evaluación y no menos de $4,5 billones en riesgo, es la radiografía de la situación de la salud, luego que el presidente Juan Manuel Santos denunciara el escándalo de corrupción. Hasta el momento, Salud-Coop es la única EPS intervenida, pero la Superintendencia de Salud ya anunció más medidas. El senador del Polo, Jorge Enrique Robledo dice que el desfalco puede ser superior a los $8 billones.

Saludcoop, presentó varias propuestas. Una de ellas fue la de cubrir “la totalidad del faltante mediante un incremento en el gasto público…”. Y añadió: “el faltante sería cubierto por los contribuyentes, bien sea a través de impuestos inmediatos o de deuda pública (impuestos futuros)”.
 

 


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